El proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco amenaza el derecho a la salud y un ambiente sano para comunidades de Guatemala y El Salvador.

El pasado 21 de diciembre, la empresa minera Elevar Resources desarrolladora del proyecto minero Cerro Blanco en Asunción Mita Jutiapa, entregó al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) en la cual, solicita transformar la mina subterránea a una mina a cielo abierto, una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana.

En 2017 la empresa minera canadiense Bluestone Resources, matriz de la empresa Elevar Resources (antes Entremares), adquirió los derechos del proyecto sin tomar en cuenta que: la empresa minera Entremares nunca supero observaciones hechas por un equipo técnico del Ministerio de Energía y Minas sobre la viabilidad de la misma, no informo debidamente a la población de Asunción Mita sobre los graves impactos a la salud, al medio ambiente y el agua que la minería tendría en su territorio, violentando así el derecho a la consulta previa, libre e informada de la población y que en 14 años Cerro Blanco no ha logrado extraer ni una onza de oro o plata. Evidencia del fracaso de la mina es que de los 63 elementos de infraestructura que fueron aprobados en el EIA-329-2007, solamente 19 se han construidos. Sin embargo, desde 1998 hasta 2020 la empresa ha realizado 739 perforaciones para exploración y 17 pozos de abatimiento que desde 2007 han bombeado agua termal continuamente para intentar bajar el nivel freático del acuífero y poder iniciar la extracción.

Sin haber comenzado la etapa de explotación, la mina ya ha causado graves impactos sociales y ambientales de la Cuenca Ostúa – Guija – Lempa, afectando y poniendo en riesgo a las poblaciones de Guatemala y El Salvador. El drenaje permanente de aguas termales y en bombeo en los pozos de abatimiento de la mina por más de 13 años ha contribuido a la desecación de fuentes de agua de las aldeas Trapiche Vargas y el Tule, reduciendo el nivel de las capas de agua subterránea y obligando a las comunidades a profundizar los pozos artesanales para poder acceder al agua. Esto en un contexto de cambio climático y de extrema sequía en el corredor seco Centroamericano.

Como organizaciones sociales de Guatemala y El Salvador, y comunidades de Asunción Mita, expresamos nuestra preocupación ante los impactos socio-ambientales que este proyecto de minería a cielo abierto pueda generar y exigimos que se realice un estudio de impacto ambiental nuevo junto a una evaluación integral de la cuenca que sea de carácter binacional con participación de ambos gobiernos.

No aceptamos que se presente una “actualización” de un proyecto que iba a procesar 1000 toneladas diarias, para uno que ahora busca prosear 10,952 toneladas diarias. Un proyecto que iba a extraer 3.31 millones de toneladas en un túnel de 73.4 km a uno que ahora busca extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370 m. Material que posteriormente se convierte en desechos que se depositan en cerros que generará drenaje ácido y polvos dañinos para la salud. En total la mina estima que extraerá durante los 12 años de explotación cerca de 38.4 millones de m3 de agua, extracción que afectará el acuífero local por más de 32 años. Según el modelo que presentan los ríos y riachuelos afectados principalmente serán Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el río Ostúa que drena a El Salvador. Todas muestran reducciones fuertes del caudal entre 10% y 70%.
El río Ostúa además según la actualización presentada, será utilizado para el vertimiento de las aguas extraídas. Esto a pesar que el Ministerio de Relaciones exteriores de Guatemala informó a El Salvador el 21 de diciembre de 2021 que el río no sería utilizado por la minera y que por lo tanto no afectaría la cuenca del río Lempa. Preocupa además que en el actual plan de monitoreo presentado para las aguas vertidas, no existe un control para otros metales pesados y la planta de tratamiento solamente contempla el tratamiento de arsénico.

Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, trae prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades. Este no se contempla en el actual estudio.

Denunciamos también ante las autoridades competentes, la poca o nula transparencia en la adquisición del proyecto por parte de la empresa Bluestone y su subsidiaria Elevar Resources. En sus comunicados de prensa, Bluestone Resources manifiesta que, ya cuenta con los permisos por parte del gobierno guatemalteco y que solamente necesitan la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para iniciar la explotación de la mina por un periodo de 11 años y extraer 3 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de plata.

Ante esta situación:

  • Llamamos a la población a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa.
  • Exigimos a los gobiernos de Guatemala y El Salvador que retomen con carácter de urgencia una comisión binacional al más alto nivel que fomente la negociación de un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas, que establezca la protección de cuencas compartidas, auxiliándose del Sistema de Integración Centroamericana y de Instituciones Multilaterales para la implementación de una Evaluación Ambiental Estratégica de cuencas transfronterizas, que garantice la sostenibilidad hídrica para la población guatemalteca y salvadoreña.
  • Ante la falta de certeza científica sobre los impactos verdaderos de la minería a cielo abierto en una región ambientalmente sensible demandamos que se aplique el principio de “precaución” y que adopten de medidas de protección para garantizar los derechos de la población.
  • A los gobiernos de la región a adoptar políticas de desarrollo económico, que fomenten la sostenibilidad y la utilización de los bienes comunes en beneficio de las grandes mayorías de nuestra región, regulando las Inversiones Extranjeras Directas (IED), a efecto de reducir los impactos socio ambientales, que pongan en riesgo el futuro y la vida de esta y las próximas generaciones.

Firman
Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador Alianza Centro American frente a la Minería
Consejos Comunitarios de Desarrollo de Asunción Mita Colectivo Madre Selva
Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa Movimiento Ecofeminista de El Salvador

Guatemala 7 de enero de 2022

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